Eliseo Arango Sierra
Presidente de Asociación de Pensionados de Telecom (APETELECOM)
Movimiento Nueva Democracia Moirista
Medellín - Antioquia
En el mes de Diciembre de 2009, el periódico El Colombiano, publicó una denuncia por parte de ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) que nueve (9) Empresas Promotoras de Salud (EPS) que atienden a 8.7 millones de Colombianos están en riesgo de colapsar, de no presentarse los correctivos necesarios. Se denunciaba además por parte de esta entidad que las cuentas por cobrar al FOSYGA, registradas en los estados financieros superan los 900 mil millones de pesos, y denunció además que, mientras el sistema de salud sufre por el inadecuado flujo de recursos, el Fosyga tiene acumulados mas de seis billones de pesos, de los cuales, alrededor de cinco billones están invertidos en TES para financiar el déficit fiscal del gobierno y el resto se encuentra en el sector financiero causando intereses.
Pues bien, el gobierno Nacional declaro la emergencia económica y social a través del decreto 4975 del 2009, y el 21 de Enero de 2010 saco un paquete de decretos: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, descargando sobre los hombros de los usuarios los efectos de una crisis, que como veíamos es responsabilidad del gobierno, producida por el gobierno, tal como sucedió con el Seguro Social.
A cuenta gotas se ha ido conociendo la verdadera estructura del sistema de salud que se esta creando con estos decretos, 15 hasta la fecha. Los cambios han sido tan drásticos, que ya muchos expertos dicen que lo que se busca es una reforma al sistema de salud con decretos, cuando lo que debía hacerse es un gran debate en el Congreso.
Asociaciones científicas, médicas y de usuarios llamaron la atención sobre una decisión que quedó consignada en el decreto 128, que reglamenta el cubrimiento de los tratamientos y medicamentos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). En su artículo 15 dice que la financiación del FONPRES, se fijará con base en la capacidad de pago de los pacientes y sus familias. El FONPRES es el fondo que financiará las enfermedades o tratamientos no incluidos en el POS, llamados desde ahora “prestaciones excepcionales en salud”.
“Los operadores públicos y privados de bancos de información y/o bases de datos reportarán la información relevante para establecer la capacidad real de pago a las instancias que designe el Gobierno Nacional para realizar la verificación en la forma y condiciones que defina mediante decreto reglamentario”, dice el decreto.
En el artículo siguiente, se habla de que para financiar sus tratamientos, el gobierno reglamentará el acceso a líneas de crédito fáciles para tales casos y que los usuarios puedan usar sus cesantías y pensiones voluntarias, lo cual dejará sin ahorros a las familias, si es que los tienen. Así pues, cuando llegue la calamidad de una enfermedad catastrófica llegara también la quiebra económica. El llamado a que la gente financie sus enfermedades con sus recursos es un atentado muy fuerte contra la salud de los colombianos.
Peor aún para los pensionados que no tenemos cesantías ni ahorros en los fondos de pensiones, nos tocaría enfrentar esta debacle con nuestras ya menguadas pensiones, es decir significaría la ruina para quienes carecemos de ingresos distintos a nuestra pensión.
En el articulo 31 del decreto 131 se establecen sanciones pecuniarias que consisten en multas de 10 hasta 50 salarios mínimos mensuales vigentes, para los médicos que se aparten del recetario oficial o que no acepten las presiones en detrimento de su autonomía como profesionales.
Si hoy los médicos se abstienen de formular a sus pacientes los medicamentos que no están en el POS, ¿que pasará de aquí en adelante si son amenazados con multas? Este artículo cercena de un solo tajo la ya muy cuestionada autonomía profesional y la ética medica.
Muchos son los llamados que desde este boletín informativo hemos hecho a las asociaciones de pensionados, incluida la nuestra, para que se pellizcaran ante la arremetida del gobierno nacional en contra de los pensionados. Llamados que no han encontrado eco, a pesar de todos los vejámenes cometidos por este gobierno en contra nuestra: liquidó nuestras Empresas, liquidó a Caprecom, nos arrebató un derecho adquirido como lo es los planes complementarios de salud. Año tras año se nos hacen pírricos aumentos a las pensiones, en este año fue el 2%. Se nos incrementaron en 0.5% los descuentos para salud y a pesar de una ley que ordenó la eliminación de dicho incremento, el ministro de la desprotección social se opuso a que nos devolvieran el valor de lo descontado ilegalmente.
Se nos obliga por ley a afiliarnos a una EPS con el exagerado descuento para salud del 12%, para recibir a cambio, los limitados beneficios del POS. Si queremos servicios complementarios al POS tenemos que pagar exorbitantes sumas a las prepagadas.
Pero, lo mas incompresible, es que tenemos pensionados Uribistas comprometidos con la reelección, que como dijera el poeta: “hay esclavos, que a pesar de sus libertadores, continúan con la nostalgia de las cadenas”; como existen también, secuestrados que se enamoran de sus secuestradores.
¿Qué haremos ahora?, ¿Quien podrá salvarnos?, ¿Nos quedaremos de brazos cruzados?, NO, es hora de levantarnos como un solo hombre a defender nuestra dignidad y nuestros derechos. No traigamos ahora el manido argumento de que los pensionados no podemos luchar porque estamos viejos y ya luchamos cuando éramos trabajadores, el enemigo de los pensionados, aprovechando nuestra pasividad y nuestra renuncia a exigir nuestros sagrados derechos, maquina y maquina en contra nuestra todos los días, por ello, de todos los días tiene que ser nuestra lucha.
El presidente Nacional de Apetelecom, en charla telefónica dijo acertadamente: “el gobierno nacional con estas medidas esta cavando una fosa común para enterrarnos a todos los pensionados”. Nosotros sólo esperamos consecuencia con esta sentencia que es absolutamente cierta, y que la Directiva Nacional declare el estado de alerta de verdad y nos unamos al torrente del combate contra estas lesivas medidas al lado de los trabajadores, de las Centrales Obreras, de la CPC y de las organizaciones de usuarios de la salud.
El próximo 18 de Febrero se realizará a nivel nacional una marcha por la derogación de los decretos de emergencia social, que ha sido citada por las Centrales Obreras. Esperamos que todos los colombianos y colombianas participemos, y le expresemos a este Gobierno, nuestro desacuerdo con sus medidas.
Presidente de Asociación de Pensionados de Telecom (APETELECOM)
Movimiento Nueva Democracia Moirista
Medellín - Antioquia
En el mes de Diciembre de 2009, el periódico El Colombiano, publicó una denuncia por parte de ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) que nueve (9) Empresas Promotoras de Salud (EPS) que atienden a 8.7 millones de Colombianos están en riesgo de colapsar, de no presentarse los correctivos necesarios. Se denunciaba además por parte de esta entidad que las cuentas por cobrar al FOSYGA, registradas en los estados financieros superan los 900 mil millones de pesos, y denunció además que, mientras el sistema de salud sufre por el inadecuado flujo de recursos, el Fosyga tiene acumulados mas de seis billones de pesos, de los cuales, alrededor de cinco billones están invertidos en TES para financiar el déficit fiscal del gobierno y el resto se encuentra en el sector financiero causando intereses.
Pues bien, el gobierno Nacional declaro la emergencia económica y social a través del decreto 4975 del 2009, y el 21 de Enero de 2010 saco un paquete de decretos: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, descargando sobre los hombros de los usuarios los efectos de una crisis, que como veíamos es responsabilidad del gobierno, producida por el gobierno, tal como sucedió con el Seguro Social.
A cuenta gotas se ha ido conociendo la verdadera estructura del sistema de salud que se esta creando con estos decretos, 15 hasta la fecha. Los cambios han sido tan drásticos, que ya muchos expertos dicen que lo que se busca es una reforma al sistema de salud con decretos, cuando lo que debía hacerse es un gran debate en el Congreso.
Asociaciones científicas, médicas y de usuarios llamaron la atención sobre una decisión que quedó consignada en el decreto 128, que reglamenta el cubrimiento de los tratamientos y medicamentos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). En su artículo 15 dice que la financiación del FONPRES, se fijará con base en la capacidad de pago de los pacientes y sus familias. El FONPRES es el fondo que financiará las enfermedades o tratamientos no incluidos en el POS, llamados desde ahora “prestaciones excepcionales en salud”.
“Los operadores públicos y privados de bancos de información y/o bases de datos reportarán la información relevante para establecer la capacidad real de pago a las instancias que designe el Gobierno Nacional para realizar la verificación en la forma y condiciones que defina mediante decreto reglamentario”, dice el decreto.
En el artículo siguiente, se habla de que para financiar sus tratamientos, el gobierno reglamentará el acceso a líneas de crédito fáciles para tales casos y que los usuarios puedan usar sus cesantías y pensiones voluntarias, lo cual dejará sin ahorros a las familias, si es que los tienen. Así pues, cuando llegue la calamidad de una enfermedad catastrófica llegara también la quiebra económica. El llamado a que la gente financie sus enfermedades con sus recursos es un atentado muy fuerte contra la salud de los colombianos.
Peor aún para los pensionados que no tenemos cesantías ni ahorros en los fondos de pensiones, nos tocaría enfrentar esta debacle con nuestras ya menguadas pensiones, es decir significaría la ruina para quienes carecemos de ingresos distintos a nuestra pensión.
En el articulo 31 del decreto 131 se establecen sanciones pecuniarias que consisten en multas de 10 hasta 50 salarios mínimos mensuales vigentes, para los médicos que se aparten del recetario oficial o que no acepten las presiones en detrimento de su autonomía como profesionales.
Si hoy los médicos se abstienen de formular a sus pacientes los medicamentos que no están en el POS, ¿que pasará de aquí en adelante si son amenazados con multas? Este artículo cercena de un solo tajo la ya muy cuestionada autonomía profesional y la ética medica.
Muchos son los llamados que desde este boletín informativo hemos hecho a las asociaciones de pensionados, incluida la nuestra, para que se pellizcaran ante la arremetida del gobierno nacional en contra de los pensionados. Llamados que no han encontrado eco, a pesar de todos los vejámenes cometidos por este gobierno en contra nuestra: liquidó nuestras Empresas, liquidó a Caprecom, nos arrebató un derecho adquirido como lo es los planes complementarios de salud. Año tras año se nos hacen pírricos aumentos a las pensiones, en este año fue el 2%. Se nos incrementaron en 0.5% los descuentos para salud y a pesar de una ley que ordenó la eliminación de dicho incremento, el ministro de la desprotección social se opuso a que nos devolvieran el valor de lo descontado ilegalmente.
Se nos obliga por ley a afiliarnos a una EPS con el exagerado descuento para salud del 12%, para recibir a cambio, los limitados beneficios del POS. Si queremos servicios complementarios al POS tenemos que pagar exorbitantes sumas a las prepagadas.
Pero, lo mas incompresible, es que tenemos pensionados Uribistas comprometidos con la reelección, que como dijera el poeta: “hay esclavos, que a pesar de sus libertadores, continúan con la nostalgia de las cadenas”; como existen también, secuestrados que se enamoran de sus secuestradores.
¿Qué haremos ahora?, ¿Quien podrá salvarnos?, ¿Nos quedaremos de brazos cruzados?, NO, es hora de levantarnos como un solo hombre a defender nuestra dignidad y nuestros derechos. No traigamos ahora el manido argumento de que los pensionados no podemos luchar porque estamos viejos y ya luchamos cuando éramos trabajadores, el enemigo de los pensionados, aprovechando nuestra pasividad y nuestra renuncia a exigir nuestros sagrados derechos, maquina y maquina en contra nuestra todos los días, por ello, de todos los días tiene que ser nuestra lucha.
El presidente Nacional de Apetelecom, en charla telefónica dijo acertadamente: “el gobierno nacional con estas medidas esta cavando una fosa común para enterrarnos a todos los pensionados”. Nosotros sólo esperamos consecuencia con esta sentencia que es absolutamente cierta, y que la Directiva Nacional declare el estado de alerta de verdad y nos unamos al torrente del combate contra estas lesivas medidas al lado de los trabajadores, de las Centrales Obreras, de la CPC y de las organizaciones de usuarios de la salud.
El próximo 18 de Febrero se realizará a nivel nacional una marcha por la derogación de los decretos de emergencia social, que ha sido citada por las Centrales Obreras. Esperamos que todos los colombianos y colombianas participemos, y le expresemos a este Gobierno, nuestro desacuerdo con sus medidas.
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